Reciclaje informal en Ecuador: hacia la inclusión y la dignificación

Me encuentro en Macará, una pequeña comunidad en el sur de Ecuador, justo en la frontera con Perú, trabajando como voluntaria de la iniciativa EU Aid Volunteers en temas de comunicación y fortalecimiento de capacidades en un proyecto de gestión de residuos sólidos y reciclaje. Después de dos meses, son muchos los elementos que me llaman la atención de una realidad distinta que aún estoy descubriendo. La figura del reciclaje informal que se incluye en los proyectos de gestión de residuos que se están implementando en el país es uno de ellos.

Los recicladores y recicladoras informales −como se conoce a aquellas personas trabajando el reciclaje sin una estructura laboral contractual detrás− abundan en las calles y vertederos de Ecuador, recolectando, separando y vendiendo materiales que otras personas ya descartaron. Con ínfimas o inexistentes medidas de seguridad y sanidad, estas personas −en su mayoría mujeres−vagan entre montañas de residuos buscando elementos que vender, acompañadas muchas veces de sus hijos e hijas que colaboran con el trabajo de su padre y madre.

Según la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), se estima que en Latinoamérica hay más de cuatro millones de personas trabajando en el sector del reciclaje, de las cuales el 90% serían informales. Los abusos y peligros a los que se enfrentan son numerosos: expuestas a ambientes insalubres por largos periodos de tiempo, bajo el intenso sol ecuatoriano y sin un contrato laboral que provea de derechos y protección, ponen en riesgo su salud e integridad física por una remuneración insuficiente para sostener a sus familias.

Con la financiación y apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del programa de la Unión Europea EU Aid Volunteers, la fundación Alianza por la Solidaridad ha puesto en marcha diversos proyectos de mejora del modelo de gestión de residuos sólidos a lo largo de Ecuador, a través de los cuales se busca fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales descentralizados y los procesos de participación ciudadana para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, al tiempo que se refuerza la conciencia ecológica de la ciudadanía, se promueve un desarrollo sostenible y se aplican medidas de inclusión social.

Uno de los ejes del proyecto es la dignificación de las condiciones socio-laborales del sector del reciclaje. Así, se introduce una política de inclusión socio-laboral a través de lo que se conoce como “empleos verdes”: la figura de la persona recicladora se ve regularizada, normalizando su situación laboral, y vinculándose a las personas recicladoras como trabajadoras formales, reconocidas dentro de los GAD Municipales o las EMMAIs, proporcionándoles no sólo de seguridad contractual, sino también de una mejora sustancial en sus condiciones de trabajo, con estándares sanitarios controlados y acciones de minimización de los riesgos laborales.

Este tipo de iniciativas, así como las políticas públicas y los movimientos asociacionistas que se están poniendo en marcha a nivel regional, aspiran a la inclusión, a la dignificación y a la protección de las personas recicladoras, no sólo a nivel laboral, sino también a nivel de reconocimiento social, económico y ambiental.


Manuela Rota

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