Marta Trejo _ entrevistando defensor DDHH

En lo que llevamos de año 83 defensores de los DDHH han sido asesinados en Colombia

 “Ser líder/lideresa social tiene dos retos: defender a tu gente y conservar tu vida”.

Marta Trejo Luzón – EUAIDVolunteers (ActionAid)
04/07/2021

Fermiliano, Yordan, Gilberto, Ramiro, Fernando, Andrés, Sandra, Beatriz, Juan y Argenis son algunos de los nombres de las personas que han sido asesinadas este año, concretamente en el departamento de Cauca. ¿El motivo? Defender a su comunidad, informar, señalar las injusticias y llevar a cabo actividades pacíficas que fomentan una conciencia social colectiva para cambiar el panorama de violencia estructural que existe en el país.

Algunas de estas personas fueron objetivo directo de grupos armados, paramilitares o guerrilla. Otros, como Beatriz y Juan, fueron “daños colaterales” de tiroteos y enfrentamientos en plena calle a hora punta. Realmente no importa el cómo pasó, sino el vacío de su ausencia y la pérdida de derechos que ello acarrea.

Aunque suene triste y paradójico, es importante decir que la situación “ha mejorado”. A estas alturas el año pasado el doble de personas habían sido asesinadas, concretamente 156. Las personas que promueven y protegen los derechos humanos de manera no violenta son un objetivo continuo de ataques. Y uno de los retos del Gobierno colombiano, junto a las organizaciones internacionales, es el de proteger a estas personas y darles voz para seguir construyendo paz.

Alianza Por la Solidaridad – ActionAid, organizó un foro el pasado abril con líderes, lideresas e instituciones de la administración del Cauca para medir la temperatura sobre la situación de protección actual en el norte del departamento.

Pese a los peligros que se ciernen sobre estas personas, no han cesado en su empeño por transformar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, de proteger el medio ambiente y el territorio. Poniendo a disposición de los intereses colectivos su tiempo, su vida y su estabilidad emocional y familiar”, comenta Diego Guevara, técnico de Alianza-ActionAid que trabaja en el proyecto ‘Comunicar y Proteger la Paz’, que se realiza junto a la Fundación ACPO en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

La violencia se mantiene, pero las dinámicas han cambiado

Durante el foro los asistentes debatieron acerca del alcance real de los Acuerdos de Paz de 2016. La situación actual ha demostrado que las garantías de protección son escasas y que las amenazas, la persecución y los asesinatos siguen a la orden del día. El panorama político sigue siendo complicado y los recursos de protección insuficientes.

En concreto en Cauca, grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y los grupos de la columna móvil Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC siguen presentes en el territorio realizando actividades, coacción y ataques constantemente.

Acciones como los ‘paros armados’, amenazas, retenes, combates, la presencia de minas antipersonas y las disputas por el control territorial han generado dinámicas de confinamiento para las poblaciones que se encuentran en las zonas de influencia, afectando múltiples derechos, limitando la movilidad y el acceso a bienes, servicios o prácticas culturales”, explica Guevara.

En ese sentido, organizaciones no gubernamentales como Alianza por la Solidaridad – ActionAid han impulsado iniciativas en los territorios con el fin de fortalecer las capacidades de autoprotección en las organizaciones de base, de auto cultivo tradicional y de producción local en la zona. Además de establecer diálogos para establecer rutas, medidas y acciones oportunas en materia de protección.

Rossana Mejía, representante de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) destacó durante el foro de Alianza dos verdades muy presentes en el territorio: “los cultivos ilícitos y la minería mueven la economía del país, no todo el mundo trabaja en estos sectores, pero es una realidad. En el tejido social y ambiental se está viendo fraccionado, se ha encarecido la mano de obra para trabajar la finca tradicional y la gente prefiere dedicarse a otros negocios. Además, el reclutamiento de nuestros jóvenes también ha cambiado: antes estas personas se iban y se unían a sus filas. Hoy no. Hoy se quedan en la comunidad y esto nos pone en riesgo”.

En el norte del Cauca la situación se ha vuelto muy tensa, es por ello que los líderes temen por sus vidas y empiezan a dar pasos atrás, “cada vez menos personas salen a un escenario a hablar”, explica Mejía. “Ser líder social tiene dos retos: defender a tu gente y conservar tu vida. Y no es fácil.”, concluye la representante de ACONC.

La vital y urgente incógnita de cómo proteger a los líderes y lideresas sociales

Las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca tienen sus propios mecanismos de protección: la Guardia Cimarrona. Al igual que las comunidades originarias tienen a la Guardia Indígena. Pero Nilson Alin Marín, representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), explica que no es suficiente. “No nos podemos mover libremente, las disputas por la minería ilegal, los cultivos y los corredores de narcotráfico hacen que tengamos que pedir permiso con antelación para movernos de un lado a otro. Pero no es lo único. A esto se suman los actores armados que hacen con nosotros lo que quieren mientras no hay presencia del Estado”.

Nasly Lucumi Díaz, Procuradora Provincial de Santander de Quilichao, es consciente de esta situación. “En Colombia existen diferentes tipos de mecanismos de denuncia, como la Alerta Temprana 026. En 2018 vivimos la peor situación con más de 800 vulneraciones a defensores y defensoras. Este mecanismo hace un monitoreo permanente de las amenazas y las violaciones de los derechos humanos”, explica la procuradora.

Pero esta herramienta sirve para medir el impacto, no para proteger per se. La administración avanza poco a poco, en 2017 la Procuraduría empezó a trabajar en la protección de los defensores de los derechos humanos. “Gracias al trabajo conjunto de organizaciones como Alianza con las entidades públicas, hemos realizado una caja de herramientas y elaborado una ruta de atención para que los líderes sociales puedan denunciar”, explica la procuradora.

La denuncia es necesaria pero no es suficiente cuando las amenazas ponen en peligro la vida de los defensores y de sus familias. El último recurso de protección que ofrece el Gobierno después de cumplir con miles de requisitos específicos en el Ministerio de Interior es el de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Con ello ofrecen a los defensores un coche blindado, un chaleco antibalas y dos escoltas de seguridad.

Pero la mayoría de líderes sociales sienten que llaman más la atención con ese esquema que sin él. “Aparecer en la vereda ‘x’ de 150 habitantes donde hay presencia de grupos armados con semejante parafernalia es casi más peligroso”, comenta un trabajador de una organización internacional que quiere mantener el anonimato.

Los líderes y lideresas sociales en Colombia se siguen sintiendo vulnerables, siguen siendo amenazados y asesinadas. La situación no parece que vaya a cambiar por sí sola y las organizaciones internacionales trabajan a diario buscando una solución a este vacío de protección que sufren las personas que defienden el territorio, los derechos humanos y la paz.

La violencia continúa en el Cauca. Y la población se adapta con una resiliencia digna de admirar. Pero el objetivo no es estudiar cuántas crisis puede resistir el ser humano, sino acabar con esta dinámica y trabajar por una construcción de paz realista.

Marta Trejo Luzón